Impuesto sobre los Ingresos Brutos

De su posible eliminación, al Impuesto sobre el Flujo de Fondos

Andrés M. Edelstein, Tax & Legal, PwC Argentina

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal recurso que obtienen los gobiernos provinciales, grava el ejercicio de la actividad económica con propósitos de lucro en una determinada jurisdicción y, en general, se calcula únicamente sobre las ventas y no supera el 3 ó 3.5% de las mismas.

Además, cabe destacar que es un tributo que habitualmente provoca los efectos conocidos como “cascada” y “piramidación” porque se aplica a todas las actividades y etapas sin que exista crédito por el impuesto pagado en las instancias anteriores de la cadena productiva. Así, al adquiriente le resulta muy difícil conocer el valor exacto de la carga tributaria contenida en el precio, aunque sin lugar a dudas es significativo. También por este motivo, se considera que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos puede producir distorsiones en los precios relativos, incentivar la integración artificial de actividades y afectar a la competitividad de los bienes producidos localmente, entre otras cosas.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, nos hemos acostumbrado a convivir con un fenómeno difícil de explicar: a los contribuyentes que deben bonificar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se les puede retener algo “a cuenta” de dicha obligación fiscal, tomando como base sus compras, importaciones, acreditaciones bancarias o, por supuesto, sus ventas. Asimismo, la contrariedad de esta circunstancia se potencia si tenemos en cuenta que dichos  importes, en conjunto, pueden superar varias veces el gravamen que el contribuyente debe ingresar, reduciendo o tornando inexistente el flujo de fondos del negocio.

Esta situación se produce como consecuencia de los diversos regímenes de recaudación establecidos en los últimos años, algunos pensados para reducir la evasión y otros, producto de las crecientes necesidades de recaudación que enfrentan las provincias. Por ello, para comprender el contexto actual y la situación particular a la que se hizo referencia, resulta indispensable hacer un poco de historia.

A finales de los años 40, se estableció el Impuesto a las Actividades Lucrativas (Código Fiscal de 1948) en la Provincia de Buenos Aires, antecedente directo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El nuevo gravamen tomó como fuente al Impuesto al Comercio e Industrias y se inspiró en un tributo europeo de características similares que se aplicó hasta principios de los 70, cuando fue reemplazado en la región por el Impuesto al Valor Agregado (hecho que no ocurrió en nuestro país, a pesar de que estaba prevista la sustitución del gravamen en 1974).

Un intento más profundo de reforma tuvo lugar en agosto de 1993: como parte del proceso de transformación de la economía propiciado por el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional acordó con los gobiernos provinciales la reformulación de sus sistemas tributarios. Los principios del acuerdo fueron plasmados en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que establecía que las provincias debían implementar y completar una serie de exenciones antes del 30 de junio de 1995 (entre otras actividades, debían eximirse la producción primaria, así como las prestaciones financieras y de seguros realizadas por bancos y compañías de seguros) y sustituir, en un plazo no mayor a tres años, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por uno general al consumo que favoreciera a la neutralidad tributaria y a la competitividad de la economía.

Inicialmente, se lograron algunos avances en este sentido, sobre todo en lo referido a la exención de la actividad primaria e industrial. Pero, aunque el plazo original fue prorrogado en tres oportunidades, no llegó a completarse ni siquiera lo previsto para la primera etapa del Pacto Federal. Recién a partir de la crisis del 2001/2002, se produjeron modificaciones, se eliminaron diversas exenciones consagradas anteriormente y se incrementaron las alícuotas aplicables.

Con el tiempo, el objetivo perseguido por el Pacto Federal se comenzó a vislumbrar como remoto y comenzaron a proliferar masivamente regímenes de recaudación en el ámbito provincial. Sin embargo, cuando estos mecanismos fueron implementados, resurgió la múltiple imposición, problema que el Convenio Multilateral había resuelto, especialmente para contribuyentes que operaban en varias jurisdicciones.

Así, como consecuencia de la heterogeneidad de las normas aplicables, de la diversidad de los criterios de atribución y de la superposición de regímenes, entre otros factores, se elevó significativamente la carga administrativa de los contribuyentes. Además, se produjeron abultados saldos a favor de los sujetos pasibles que probablemente no sean recuperables. Y a pesar de que la Comisión Arbitral ha dictado pautas para que las provincias tengan en cuenta estos factores a la hora de establecer los regímenes de recaudación, todavía quedan diversos problemas sin resolver.

Por mencionar un ejemplo de la gravedad de la situación sobre la que reflexionamos, en una circunstancia extrema, una misma operación podría quedar sujeta a percepciones de las 24 jurisdicciones. Así, el monto total por este concepto sería equivalente al 36% del importe de la compra efectuada por el contribuyente, cifra a todas luces irracional (asumiendo una alícuota de percepción promedio para sujetos alcanzados por el Convenio Multilateral del 1.5%).

En resumen, en un período de tiempo relativamente corto hemos pasado de un extremo al otro: de la posible sustitución del gravamen (por su ineficacia desde la perspectiva económica), a su aplicación en la máxima expresión, apuntalada por regímenes de recaudación que producen efectos indeseados adicionales.

Frente a este panorama, las alternativas existentes son diversas, desde analizar nuevamente el reemplazo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un Impuesto a las Ventas Minoristas, un IVA provincial o una sobretasa de este gravamen con destino directo a las jurisdicciones, opción que lamentablemente parece ser una utopía, o definir un régimen unificado de retenciones y percepciones que impida la generación de saldos a favor.

Por último, cabe destacar que es loable la implementación de medidas para combatir la evasión fiscal, pero hay que asegurarse de que las herramientas utilizadas para tal fin no saturen a la actividad económica ni incentiven, de alguna manera, a la informalidad.