Problemática fiscal en las exportaciones de servicios

Andrés Edelstein, Tax & Legal, PwC Argentina

En los últimos años nuestro país ha experimentado un crecimiento muy significativo en las prestaciones de servicios efectuadas para empresas e individuos residentes en el extranjero, más conocidas como “exportaciones de servicios”, siendo frecuente la mención de Argentina como potencial destino de inversiones en este sector, incluso en franca competencia con países referentes en la materia.

En el 2010, las exportaciones de servicios de Argentina representaron 13.075 millones de dólares y crecieron en un 68%, mientras que las exportaciones de bienes aumentaron un 45%.

El crecimiento sostenido de la actividad y el posicionamiento de nuestro país como un player importante en el rubro depende de una serie de factores. Entre ellos, el régimen tributario constituye un aspecto relevante en lo referido a la competitividad de las empresas y, por ende, no puede soslayarse.

En lo que respecta a la temática fiscal, los exportadores de servicios se encuentran sujetos al régimen tributario general, con algunas excepciones y/o tratamientos diferenciales muy específicos, tales como los existentes para la industria del software.

Entendemos que resultaría provechoso propiciar un régimen fiscal más amigable que contribuya al desarrollo continuado e ininterrumpido de esta actividad, especialmente ante las circunstancias actuales que enfrenta el sector a raíz del incremento de los costos locales y a la dificultad de trasladar ajustes de tal magnitud a las tarifas convenidas con clientes del exterior.

Posibles reformas

A continuación se enuncian una serie de cuestiones problemáticas que enfrenta el sector y las medidas que podrían ser evaluadas por las autoridades:

Ley N° 25.922 de Promoción de la Industria del Software: esta ley, sancionada en el año 2004, establece un régimen de estabilidad fiscal hasta el año 2014, un crédito fiscal de hasta el 70% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial que podrá ser aplicado para la cancelación de tributos nacionales y la desgravación del 60% del monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio fiscal.

Sería conveniente prorrogar la vigencia de estos beneficios y extender su aplicación a otras actividades cuyo desarrollo se considere prioritario.

Impuesto a las Ganancias: el problema radica en que sólo las ganancias de fuente extranjera dan lugar al cómputo de crédito por impuestos pagados en el exterior, calificación que no reciben las exportaciones de servicios porque normalmente la actividad se lleva a cabo en nuestro país. Las retenciones impositivas sufridas en el exterior se transforman, entonces, en un mayor costo para el prestador argentino.

La solución sería posibilitar el cómputo como pago a cuenta de los impuestos análogos pagados en el extranjero, ya sea introduciendo modificaciones a nuestra legislación fiscal, o bien a través de la celebración de Convenios de Doble Imposición.

Impuesto al Valor Agregado: las exportaciones de servicios, al igual que las de bienes, se consideran operaciones “gravadas a tasa cero”. Por ello, si bien se trata de operaciones exentas, a los exportadores se les permite el recupero de los créditos fiscales vinculados a cualquier etapa de la actividad.

La ausencia de pautas específicas en la legislación que establezcan con claridad en qué casos se perfecciona una “exportación de servicios” ha motivado el dictado de antecedentes administrativos y jurisprudenciales, los cuales han ido estableciendo algunos lineamientos concretos en la materia.

Sería oportuno definir con precisión la figura de la “exportación de servicios” y disponer de un sistema rápido para el reintegro de créditos fiscales. Asimismo, podría analizarse un esquema de recupero anticipado del IVA para la compra o importación de bienes y servicios requeridos para la puesta en marcha de los proyectos.

Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios: con respecto a este gravamen, no surge con claridad la posibilidad de aplicar la exención prevista por las normas reglamentarias para los créditos en cuenta corriente originados en la acreditación  de cartas de crédito y/o cualquier otro instrumento de pago que cancele el producido de la exportación.

Sería propicio permitir que las exportaciones de servicios reciban idéntico tratamiento.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Sellos: en general, los Códigos Fiscales provinciales no prevén tratamientos preferenciales para la actividad, salvo excepciones como las que podemos encontrar en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Mendoza.

Sería conveniente contar con un tratamiento exentivo en todas las jurisdicciones o, como mínimo, con un trato equivalente al que reciben las exportaciones de bienes.

Al igual que en muchas otras situaciones, resulta evidente que la solución de estas cuestiones involucra algún sacrificio fiscal inicial. No obstante, deberían tenerse en cuenta los efectos que tendrían las medidas en el mediano y largo plazo, ya que seguramente el aumento del nivel de actividad permitiría repagar con creces la “inversión” realizada por el Estado.