08/02/22
Por medio de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) comunicó su decisión de iniciar las discusiones del proceso de adhesión de Argentina a la institución internacional. La petición de incorporación había sido llevada a cabo, en marzo de 2016, por la administración anterior del país a cargo de Mauricio Macri.
Es un organismo internacional fundado en 1961 con sede en París cuya misión es proveer un foro donde distintos gobiernos comparten sus experiencias en el desarrollo de políticas económicas, sociales y medioambientales, para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones.
Los estándares y recomendaciones emitidos por la OCDE no son de aplicación obligatoria ni automática para sus miembros, aun así, aquellos países que no los han adoptado, tienen incentivos para hacerlo.
Como vemos, la obtención de la membresía podría beneficiar a Argentina, permitiéndole profundizar los lazos comerciales con otros países miembros y, de este modo, estimular el crecimiento económico. Asimismo, el cumplimiento con estándares estadísticos de transparencia y de anticorrupción de la OCDE, permitirían aumentar la credibilidad y confianza en el país.
La posibilidad de integrarse a un bloque que posee un elevado nivel de ingreso promedio, podría implicar para el país una eventual expansión de su oferta de bienes y servicios exportables, aunque al mismo tiempo signifique adaptarse a exigencias institucionales, regulatorias y económicas que ciertamente serían un desafío.
Acceder a esta membresía es un proceso complejo, riguroso, lento y no enteramente apolítico; se han incorporado 18 países desde su fundación, siendo sólo cuatro de ellos latinoamericanos: México, Chile, Colombia y Costa Rica.
En esta oportunidad, además de Argentina, fueron invitados a iniciar el proceso de membresía Brasil, Croacia, Perú, Rumania y Bulgaria.
a comprender los impactos económicos, fiscales, sociales y ambientales en los cambios del entorno regulatorio nacional e internacional.a comprender los impactos económicos, fiscales, sociales y ambientales en los cambios del entorno regulatorio nacional e internacional.