Economic GPS

Editorial

Un debate pospuesto que debería retomarse más temprano que tarde

Durante las décadas de 1960 y 1970, una de las discusiones recurrentes de la economía argentina giró en torno a la coexistencia de dos argentinas productivas. Por un lado, los sectores capaces de generar divisas y competir en los mercados internacionales; por aquel entonces, básicamente el agro. Por otro, actividades orientadas principalmente al mercado interno, cuya dinámica dependía en mayor medida de la protección, el crédito o el tipo de cambio. Las tensiones entre ambos mundos marcaron gran parte del debate económico de aquella época y dieron lugar a soluciones de política que, a la postre, casi nunca resultaron eficientes.

La transformación productiva que comienza a observarse hoy en Argentina vuelve a poner sobre la mesa una cuestión similar, aunque en un contexto muy diferente. Los sectores más dinámicos de la economía —energía, minería, agro y ciertos servicios— continúan incrementando su capacidad de generación de divisas. En la medida en que esta transformación se afiance, la discusión económica tenderá a desplazarse gradualmente desde la escasez de dólares hacia las condiciones necesarias para que otros sectores de la economía puedan desarrollarse y desenvolverse en este nuevo escenario.

Al mismo tiempo, la desinflación empieza a modificar el entorno en el que las empresas deben competir. En contextos de elevada nominalidad, muchas ineficiencias suelen quedar parcialmente ocultas detrás de la dinámica de precios. A medida que la inflación converge hacia niveles más bajos, los costos relativos adquieren mayor relevancia y el desempeño de las empresas pasa a depender crecientemente de factores estructurales como la productividad, la infraestructura, el capital humano, la calidad regulatoria y, en particular, la carga fiscal.

Es en este contexto donde adquiere especial importancia el análisis que presentamos en el Tracking de esta edición. Los datos muestran que la consolidación fiscal iniciada en 2024 avanzó de manera dispar entre niveles de gobierno. La Nación logró sostener durante 2025 el esfuerzo de reducción del gasto y de la presión tributaria iniciado el año anterior. Las provincias también realizaron un importante ordenamiento durante 2024. Sin embargo, los datos más recientes sugieren una desaceleración de esa dinámica, con una recuperación del gasto que, en numerosos casos, superó la evolución de los ingresos.

La composición de ese aumento merece atención. El Tracking muestra que buena parte de la expansión observada durante 2025 respondió al incremento de los gastos corrientes y, en particular, de las erogaciones vinculadas al personal. Naturalmente, la discusión no debería centrarse únicamente en el nivel del desembolso. La cuestión relevante es si ese mayor esfuerzo fiscal se traduce en mejoras perceptibles en los servicios que reciben ciudadanos y empresas.

En una economía que necesita fortalecer su competitividad de manera genuina -i.e. vía reducción de costos y no mediante ajustes transitorios en el valor de su moneda-, la magnitud del gasto, y su financiación, adquieren significativa relevancia. Pero no solo eso. Adicionalmente, la calidad del egreso pasa a ser tan importante como su magnitud. Contar con estructuras estatales capaces de brindar servicios públicos adecuados, utilizando los recursos disponibles de la manera más eficaz posible, debería constituir un objetivo compartido por todos los niveles de gobierno. No se trata solo de una discusión sobre el tamaño del Estado, sino sobre la capacidad de convertir recursos públicos en mejores resultados para la sociedad.

En algún momento, Argentina deberá retomar el mandato pendiente de la Constitución de 1994 en torno al régimen de coparticipación federal. Pero el desafío no reside únicamente en cómo distribuir la recaudación, sino en avanzar hacia una estructura fiscal más federal, donde la relación entre generación de ingresos y ejecución del gasto resulte más consistente que en el esquema actual.

En la medida en que el cambio productivo en curso continúe afianzándose y la economía argentina incremente de manera sostenida su capacidad exportadora, esta agenda dejará de ser únicamente una cuestión institucional. Pasará a convertirse en una condición necesaria para sostener la competitividad, impulsar la inversión y aprovechar plenamente las oportunidades que abre la nueva matriz productiva del país.