Economic GPS | Informe económico mensual de PwC Argentina

José María Segura

Economista Jefe de PwC Argentina

José María es Socio y Economista Jefe de PwC Argentina. Con más de 25 años de trayectoria en consultoría económica y análisis de negocios, lidera el área de Economía de la firma y es responsable del informe Economic GPS (EGPS), la publicación mensual que analiza la evolución de la economía argentina y las principales tendencias que impactan en empresas e inversores. Es economista y contador público por la Universidad de Buenos Aires, especialista en mercados de capitales, y participa activamente en medios, foros empresariales y espacios de análisis económico.

Editorial

Una economía mejor preparada

El año pasado, frente a un contexto de fuerte volatilidad cambiaria originada en una caída en la demanda de dinero en el marco del proceso electoral, el Gobierno optó por una respuesta contundente: una suba pronunciada de la tasa de interés en pesos. La medida, junto con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos mediante el swap de monedas, contribuyó a estabilizar el tipo de cambio y reducir la incertidumbre financiera.

No obstante, como suele ocurrir con este tipo de respuestas, la estabilización tuvo costos. Tasas más altas encarecieron el crédito y, con el correr de los meses, se tradujeron en un aumento de la mora de familias y empresas. Y, si bien claramente está lejos de ser un problema sistémico, hizo que el crédito creciera a un ritmo mucho más moderado y perdiera potencia como impulsor del consumo privado.

Al mismo tiempo, la corrección de precios relativos asociada a la reducción de los subsidios a los servicios públicos modificó la composición del gasto de los hogares, lo que vuelve más compleja la lectura de algunos indicadores de consumo. De hecho, el último dato agregado disponible del INDEC muestra que, en el primer trimestre de 2026, el PIB creció 2,3% interanual y 0,7% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior. En la misma dirección, el consumo privado avanzó 2,7% interanual y 0,8% en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior, lo que sugiere que tanto la actividad como el gasto agregado continuaron expandiéndose. 

Sin embargo, los indicadores sectoriales reflejan una dinámica diferente: en junio, las ventas reales de supermercados cayeron 3,1% interanual y las de centros de compras, 4,9%. Esta aparente divergencia puede explicarse por la recomposición de la canasta de consumo derivada de la normalización tarifaria. A medida que una mayor proporción del ingreso se destina al pago de servicios públicos, se reduce el margen disponible para otros bienes y servicios, aun cuando el gasto total no necesariamente disminuya. 

En este contexto, la evidencia parece reflejar principalmente una reasignación del consumo entre distintos rubros más que una contracción generalizada de la demanda. Intentar revertir artificialmente este proceso mediante subsidios, sin financiamiento genuino, implicaría trasladar nuevamente el costo al déficit fiscal y, eventualmente, a mayores presiones inflacionarias.

Un dato favorable es que los ingresos comenzaron a recuperarse en términos reales y aparecen señales iniciales de normalización de la mora. El salario del sector registrado muestra una recuperación a junio desde el piso de marzo. Por su parte, los datos más recientes del Banco Central muestran que la irregularidad crediticia de las familias bajó a 12,77% en junio, luego de diecinueve meses consecutivos de subas, y los propios bancos anticipan que la mora seguirá normalizándose en la segunda mitad del año. El crédito, mientras tanto, continúa expandiéndose, aunque a un ritmo más moderado que el observado antes del episodio de volatilidad. 

Entre tanto, la economía llega hoy mejor preparada para absorber un eventual shock. El saldo positivo de la balanza comercial, la acumulación de reservas —actualmente en torno a los US$50.800 millones—, la refinanciación de pasivos a plazos más largos y el sostenimiento del esquema de bandas cambiarias conforman, en conjunto, un margen de protección que podría moderar las tensiones cambiarias y financieras sin necesidad de recurrir inmediatamente a una suba drástica de las tasas de interés. Más aún, la política monetaria ha privilegiado la estabilidad de las variables financieras y cambiarias, y la convergencia de la inflación por sobre la reactivación de corto plazo de la actividad, anticipándose a evitar una eventual exacerbación del ciclo. 

En esa misma dirección se inscribe la decisión de canalizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hacia el fondeo de largo plazo del financiamiento hipotecario, cuya naturaleza es inherentemente de largo plazo. Más allá de su impacto específico sobre el mercado de la vivienda, la medida apunta a fortalecer el crédito y ampliar la capacidad del sistema financiero atenuar el ciclo en un contexto potencialmente más volátil.

La verdadera prueba se dará el año próximo. La existencia de mayores reservas, vencimientos más extendidos, mecanismos de liquidez disponibles y un sistema financiero con un menor nivel de mora, amplía la capacidad de la economía para absorber mejor un shock respecto de episodios anteriores. No obstante, el impacto final dependerá de la magnitud y persistencia de la incertidumbre y, fundamentalmente, de cuánto esta se traduzca en una caída de la demanda de dinero. Si los agentes buscan desprenderse aceleradamente de sus saldos en pesos, incluso un esquema más robusto puede verse sometido a tensiones relevantes. Llegar a las elecciones de 2027 con estos amortiguadores constituye, por lo tanto, una condición favorable, aunque no suficiente por sí sola para neutralizar cualquier escenario de inestabilidad. Estará en la razonabilidad de la dirigencia política en su conjunto para evitar llegar a esos extremos.