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Sociedades offshore y paraísos fiscales. ¿Qué ha legislado Argentina en la materia?

26/10/21

La filtración de alrededor de 11,9 millones de documentos vinculados con cuentas y/o sociedades “offshore” de personalidades, políticos y personas de gran poder adquisitivo en el marco de lo que ha sido mundialmente conocido como “Pandora Papers” y las posteriores acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal de sus titulares, volvieron a poner sobre la mesa de discusión la utilización de estos vehículos extranjeros y sus efectos en materia fiscal en los distintos países de la región. 

En nuestro país, si bien la normativa legal no contiene disposiciones particulares que hagan referencia a qué debe entenderse por sociedades o cuentas “offshore”, existe cierto consenso en considerar a las mismas como aquellas empresas creadas en países o jurisdicciones que mejoran las circunstancias tributarias del país de residencia del sujeto titular de las mismas. En consecuencia, y salvo excepciones, no se trataría entonces de vehículos “ilegales” y lo que habitualmente se cuestiona no es su mera existencia, sino el uso que sus propietarios hacen de las mismas y las consecuencias en términos de mermas en la recaudación fiscal que traen aparejadas (incluso cuando el propósito no sea el de ocultar activos o rentas).

En efecto, la constitución de sociedades “offshore” generalmente es realizada en jurisdicciones consideradas “paraísos fiscales” (o “guaridas fiscales” según una traducción más fiel del término original en inglés “tax haven”), comúnmente caracterizadas por una manifiesta opacidad y limitada o nula cooperación con las autoridades fiscales de otros países, en conjunción con un sistema tributario de baja o nula tributación, o inexistente.

En nuestro país, la Ley de Impuesto a las Ganancias, a partir de las reformas introducidas por la ley 27.430, establece distinciones entre “jurisdicciones no cooperantes” y “jurisdicciones de baja o nula tributación”, disponiendo un listado dinámico publicado por las autoridades fiscales en el caso de las primeras y la necesidad de realizar de una verificación por parte del propio contribuyente respecto a la tasa efectiva de tributación para la categorización de la segundas Jurisdicciones tales como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Jersey o incluso Paraguay suelen habitualmente entrar en una u otra categoría conforme las definiciones mencionadas.

Las principales consecuencias en el ordenamiento fiscal argentino de la tenencia de sociedades, cuentas o vehículos en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación se relacionan con la necesidad de aplicar normas de precios de transferencia, diferir el reconocimiento de gastos al momento de su efectivo pago (incluso cuando no exista vinculación), aplicar mayores tasas de retención impositiva en pagos a entidades financieras allí radicadas, la existencia de presunciones a la hora de aplicar normas de transparencia fiscal internacional (“anti-deferral” rules), la aplicación de la presunción de incremento patrimonial no justificado (sólo en el caso de jurisdicciones de baja o nula tributación), o bien del agravamiento de posibles figuras penales tributarias a la categoría de “evasión agravada”, la no aplicación de exenciones o alícuotas de imposición agravadas para ciertas ganancias de capital. A todo esto se suma la necesidad de reportar las operaciones con tales jurisdicciones en el marco del reciente y no poco cuestionado régimen de información de planificaciones fiscales establecido por la Resolución General (AFIP) 4838/2020.

En resumen, el uso de sociedades “offshore” por parte de residentes argentinos está sujeto a un mayor escrutinio por parte de las autoridades argentinas, las cuales imponen mayores requisitos de reporte o deniegan determinados beneficios impositivos cuando se verifica su utilización.


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